La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encontrado una fisura en el acorazado ámbito energético para reducir las voluminosas facturas de luz y de gas sin tocar los impuestos. La nueva propuesta consiste en un recorte en la remuneración que reciben las compañías por la distribución eléctrica y del gas. De esta forma, las ganancias que perciben las compañías energéticas por la distribución de electricidad va a quedar fijada en cinco.455 millones de euros por año, un siete% menos con respecto a las cantidades actuales; la de transporte de electricidad en 1.656 millones de euros (-ocho,2%); la distribución de gas en 1.420 millones de euros por año (-17,8%); y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones, un 21,8% menos. La carga económica que aceptarán los usuarios toda vez que les llegue la factura de la luz se va a ver aligerada merced a este conjunto de medidas. El nuevo criterio pretende acotar un marco regulativo «estable y riguroso» que dejará una rebaja de los peajes que pagan los usuarios mediante la factura de la luz, al tiempo que garantizará una rentabilidad «razonable» para las compañías reguladas, asegura la CNMC. Así, la reguladora acepta las competencias atribuidas por el derecho comunitario en materia de gas natural y electricidad, tras la aprobación por la parte del Gobierno del real decreto ley el mes pasado de enero, merced al como pueden producir circulares normativas. Estos 7 proyectos de Circulares auxiliares van a ser sometidos a consulta pública por Competencia, con un periodo de alegaciones que se extenderá hasta el nueve de agosto, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero de 2020. La normativa va a ser aplicable a lo largo del próximo periodo regulativo, de 2020 a 2015 para la electricidad y de 2021 a 2026 para el gas. Se trata de la primera vez que se establece una metodología para la remuneración del Operador del Sistema, prevista en un inicio en la Ley 24/2013. Esta resolución es coherente con la necesidad de «dar trasparencia y seguridad» a operadores y usuarios, resalta Competencia. Desde este momento, estas remuneraciones a la electricidad y el gas van a estar condicionadas por una fórmula matemática que calcula dichas ganancias dependiendo del costo medio ponderado de capital (WACC, por su iniciales en inglés). Este criterio técnico minimiza la inseguridad regulativa dando contestación al sistema aplicado a lo largo de los últimos 6 años que estaba dando rentabilidades «excesivas», explica la CNMC. En el caso de la electricidad, al continuar medrando significativamente la inversión, la bajada es menor que en el gas, donde afirma que «no se prevén niveles de inversión importantes». Por contra, las remuneraciones para el gestor técnico del sistema gasista, Enagás, y para el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), se elevan un siete,9% y un 21,6%, respectivamente. Las reacciones no han tardado en llegar. Un total de once asociaciones industriales aplaudieron la propuesta al estimar que es «razonable» que se examinen las remuneraciones a las redes de gas, con el objetivo de armonizarlas con la situación real y compararlas con el resto de Europa. Las industrias estiman abonar hoy en día un 45% más en peajes en comparación con su análogos europeos, lo que lastra su competitividad. Esta medida va a suponer un «alivio en los costes», conforme apuntan las asociaciones en un comunicado. No obstante, no todo son halagos. En los últimos un par de días, las 5 grandes eléctricas y gasistas españolas –Enagás, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa y también Iberdrola– perdieron más de cuatro.400 millones en Bolsa Además de esto, conforme los analistas del Banco Sabadell, las pérdidas por la rebaja en la remuneración alcanzarán los más de 1.000 millones de euros, siendo Naturgy, Enagás y Endesa las más perjudicadas. Red Eléctrica y Naturgy usarán la fase de alegaciones y las compañías gasistas perjudicadas se proponen llevar al organismo regulador a los tribunales si el recorte llega a materializarse, al estimar que la menor remuneración supondría una reducción en la atracción de la inversión precisa para la transición energética.

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