Casi cinco.000 personas se han dirigido ya al letrado que ha denunciado a Pedro Sánchez por permitir las marchas del ocho-M, a pesar de las advertencias del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, para adherirse a esa demanda. La pretensión del letrado Víctor Valladares es, conforme explicó el día de ayer a LA RAZÓN, unir a todos ellos en torno a una asociación, Afectados por la Administración contra el Coronavirus, cuyos estatutos está esbozando ya.Valladares, que tiene desde el pasado lunes a su padre ingresado en un centro de salud gallego por coronavirus, es siendo consciente de que, como consecuencia del estado de alarma, las gestiones para formar la asociación pueden retardarse, mas matiza que «mientras no se forme vamos a ir archivando los datos de cada persona y se agregará su nombre a la demanda, que se reemplazará por el de la asociación cuando por último se constituya».El objeto social de la asociación va a ser, afirma, “articular cualquier actuación judicial o bien extrajudicial en interés de la defensa de los intereses y derechos de los asociados perjudicados por la administración de la infección en España”.El letrado afirma que recibe «cientos de adhesiones diarias» esencialmente por medio de Linkedin y Twitter. «Me agrada responder lo antes posible al mundo entero, mas me está resultando imposible. Solicito excusas mas voy a ir contestando a todos». Y explica que quienes deseen sumarse a la iniciativa –4.880 lo habían hecho ya en el instante de redactar estas líneas– y se consideren «afectados» por la administración que está haciendo el Ejecutivo de esta pandemia «basta con que nos manden por correo su nombre y apellidos y el documento de identidad a agcespana2020@gmail.com expresando su pretensión de adherirse a la demanda presentada el día pasado 19». Y aclara que «no se cobrarán ningún género de honorarios».En la Junta Directiva de la embrionaria asociación figurarán, aparte de Valladares, el letrado cantabrio Javier Noriega y un economista. El letrado abre la puerta a que desde la asociación se impulsen otras ideas frente a los tribunales relacionadas con esta pandemia, mas precisa que «siempre a solicitud de los asociados». Por servirnos de un ejemplo, asegura, «un conjunto de médicos catalanes desean presentar una demanda por negligencia contra el Gobierno». Y es que el código deontológico de la Abogacía De España no deja promocionar los servicios profesionales «a víctimas directas o bien indirectas de catástrofes, catástrofes públicas o bien otros acontencimientos que hubiesen producido un número elevado de personas afectadas» en instantes que «condicionen» la libre elección de letrado y «en ningún caso hasta pasados 45 días desde el hecho».

Resolución “arbitraria”

«No adheriremos a absolutamente nadie hasta el momento en que tengamos el número de la causa», afirma Valladares, que se muestra «seguro» de que la demanda se aceptará a trámite. «Que prospere es otra cosa», acepta. «Los denunciados aducirán que han seguido en todo instante las indicaciones de las autoridades sanitarias y que el informe del organismo comunitario no era vinculante», aventura. Y hace hincapié en que, conforme su criterio, «para prevaricar no debes infringir ninguna ley, pues la jurisprudencia establece que el tipo es muy amplio”. ««La clave es –añade– que se trate de una resolución arbitraria dictada a propósito de su injusticia. Si bien alguna interpretación doctrinal sí demanda el incumplimiento de una normativa, depende del juez que te toque».El artículo 404 del Código Penal castiga «a la autoridad o bien funcionario público que, a propósito de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un tema administrativo» con la pena de 9 a 15 años de inhabilitación singular para empleo o bien cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Fuente: larazon.es

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