Las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando el trabajo de contención de los altercados no requiere su atención, trabajan con todos y cada uno de los medios para la identificación de los individuos que provocaron esos altercados y, sobre todo, los que actuaban como «dinamizadores» de los mismos, conforme han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. Sin entrar en ningún género de detalles, en tanto que el buen fin de las pesquisas precisa de la mayor discreción, lo que si es es cierto que en los altercados participaron, de forma más activa, entre dos.000 y cuatro.000 individuos. Hasta el instante se han producido unas doscientas detenciones, de las que treinta han terminado con una resolución de los jueces de ingreso en cárcel. Faltan, en consecuencia muchos por ser llevados frente a los tribunales de Justicia. ► La revolución de los pequeños burgueses de Sarriá Frente a la voluntad manifiesta de los promotores (de lo que se puede calificar de terrorismo callejero) de seguir con sus actividades delictivas, las Fuerzas de Seguridad trabajan en prevenir nuevos incidentes y, sobre todo, que alcancen la magnitud de los habidos en Cataluña a lo largo de la semana pasada. Los estudiosos cuentan con pistas sólidas múltiples decenas y decenas de individuos, merced a las grabaciones de vídeo que se efectuaron a lo largo de los altercados y las patentizas que se les han requisado a los detenidos y a los que están en la prisión. Lo que se confirma, tal como ha venido notificando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en sus diferentes comparecencias es que estamos frente a una violencia organizada de carácter independentista. No se trata de conjuntos autónomos, sin ningún género de jerarquización y estructura, como se pretende trasmitir desde ámbitos nacionalistas; todo lo opuesto. En torno a los Comités de Defensa de la República (CDR), y su «brazo armado», los Equipos de Contestación Táctica (ERT), uno de los que fue desmantelado últimamente por la Guarda Civil y sus miembros mandados a cárcel por orden de un juez de la Audiencia Nacional, se ha formado una estructura que es la que ahora es objeto de investigación. A esta estrategia de violencia callejera no son extraños elementos de exactamente las mismas peculiaridades de otras unas partes de España, de forma especial del País Vasco, y de ciertos países europeos, que estarían identificados. Las pesquisas asimismo incluyen a los medios que han empleado los que protagonizaron los altercados para trasmitir las consignas, entre ellas la plataforma telemática «Tsunamic Democratic». Se sabe, tal como adelantó este periódico, que está residenciada en un servidor de la ciudad de Toronto (Canadá), y se piensa que fue dada de alta con nombres falsos frente a la certidumbre de que las Fuerzas de Seguridad procurarían identificarles. El examen de los teléfonos móviles y ordenadores que se han requisado a los detenidos puede aportar datos esenciales para establecer las conexiones de los cabecillas de la violencia callejera, la manera de mandarse las consignas y otros datos que no se revelan por razones operativas. La voluntad del Ministerio del Interior es llevar la investigación hasta sus últimos extremos, para no dejar ningún cabo suelto, dada la gravedad de lo ocurrido en Cataluña. En este sentido, se sabe que el propio ministro Grande Marlaska ha dado instrucciones a este respecto con el fin de que en el plazo más breve posible el asunto pueda ser presentado ante los tribunales que, en definitiva, son los que tienen tomas las decisiones oportunas, ordenar diligencias, etcétera. El asunto problema que se ha suscitado en Cataluña durante la semana pasada tiene además un factor importante a tener en cuenta a la hora de delimitar responsabilidades: la utilización de la violencia, según mantienen algunos expertos, para presionar al Gobierno con el fin de que se aviniera a negociar el derecho de autodeterminación y algún tipo de medida a favor de los condenados por la intentona secesionista de hace dos años. Lamentablemente, el «modelo vasco», que tanto dolor ha causa do en España, se pretendía, o se pretende aún, utilizar en Cataluña, aunque a un nivel más bajo de agresividad. La unión de esfuerzos de los Mossos D´Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, cada uno en las misiones asignadas, evitó que la meta de la implantación del caos tuviese éxito, por mucho que las imágenes que se contemplaban esos días hiciesen temer una rotura del orden público. Ahora es el instante en que dichos cuerpos, por medio de sus servicios de información, trabajan para eludir la reiteración de los desmanes.

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