Montse SerradorValladolid
Actualizado:23/10/2020 09:33h
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Castilla y León va a aplicar de forma «dura y también intensa» las medidas acordadas para la contención del Covid-19
Mañueco solicita por carta a Sánchez el toque de queda para Castilla y León
La Junta de Castilla y León estudia este viernes fórmulas jurídicas para dictaminar, de forma unilateral, el toque de queda en Castilla y León frente a la «irresponsabilidad» del Gobierno de Sánchez que decidió postergar la resolución sobre esta medida. De esta forma lo anunció el jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que en declaraciones a CyLTV calificó de «inaceptable y también indignante» y de «tomadura de pelo» que en el Consejo Interterritorial de Salud, que el día de ayer reunió al Ministerio con las comunidades, no se acordara establecer el toque de queda, como han pedido ciertas autonomías y, sobre todo, Castilla y León.
Igea, palpablemente disgustado, consideró «irresponsable» lo ocurrido y advirtió de que «no dejaremos de ejercer nuestra responsabilidad si el Gobierno prosigue jugando, por el hecho de que hay vidas en juego». Criticó, además de esto, que «después de 8 meses el Ejecutivo de Sánchez todavía no lo tenga claro, cuando estamos en alarma máxima y en un par de semanas tendremos a la gente en los corredores si no tornamos medidas». «Es el presidente, debe de aceptar responsabilidades y tomar decisiones», puntualizó.
Y de ahí que, anunció que a la mayor brevedad posible posible en Castilla y León se van a tomar medidas «con la suficiente contundencia», entre ellas el toque de queda que va a deber contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, para esto, los servicios jurídicos tratan de buscar el encaje conveniente. En este sentido, anunció que esta restricción empezará a las 9 o bien diez de la noche con el propósito de eludir el contacto social y las asambleas nocturnas.
Asimismo la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que «intensificará y endurecerá las medidas para reducir los efectos de la pandemia frente a la confirmación de que la Comunidad se halla, nuevamente, en el nivel de transmisión comunitaria». Lo aseguró tras acabar la Interterritorial en la que se aprobó el documento «Actuaciones de contestación ordenada para el control de la transmisión». Este endurecimiento de las medidas se plantea «ante la posibilidad cierta de que la situación empeore en las próximas semanas», lo que va a suponer el incremento de los ingresos hospitalarios y de las consultas en los centros de salud, con el consecuente peligro de que el sistema pueda colapsar. Por este motivo, la consejera de Sanidad insistió en que «hay que tomar resoluciones urgentes tanto en el campo sanitario -reorganización y refuerzo- como en el no sanitario». La verdad es que estas actuaciones no tienen un soporte legal y son las comunidades las que deben ponerlas en marcha con todas y cada una de las dudas jurídicas que levantan, como de este modo lo advirtió Igea.
El toque de queda era la primordial reivindicación que llevaba Castilla y León al encuentro, en el que no se tomó una resolución a la espera de un informe jurídico, lo que llevó a Casado a demandar que «se defina cuanto antes». Una medida que la Junta llevaba días demandando, el día de ayer con singular emergencia. Es más, a la vista de la evolución de la pandemia, con todas y cada una de las provincias en «riesgo extremo» y con los contagios en constante desarrollo, el propio presidente de la Junta remitió una carta a Pedro Sánchez para demandarle una resolución que reconoció «dura» mas «imprescindible» en el instante actual. En la misiva, Mañueco aseguraba que la evolución epidemiológica en Castilla y León en esta segunda ola es «preocupante» y que las medidas precautorias puestas en marcha hasta el instante son ya «insuficientes» para revertir la tendencia.
Al término del Consejo de Gobierno, Igea recurrió a las palabras más gruesas y en un tono apocalíptico apuntó que «no tomar esa medida sería una irresponsabilidad; las resoluciones equivocadas llevan la muerte a los demás». Unas consideraciones que el día de hoy va a poder trasladar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene previsto desplazarse a Castilla y León.

Semáforo de riesgos

La consejera de Sanidad cuando menos sí logró el día de ayer salir del Consejo Interterritorial con el documento conocido como «semáforo de riesgos» que «llevo 22 días esperando», confesó, y que establece 4 diferentes niveles, conforme los que Castilla y León se hallaría en el peor, al superar los niveles extremos en los 4 indicadores. De esta forma, cuenta con una incidencia amontonada a los 14 días de 518 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7, de 273; el 18 por ciento de las pruebas PCR tienen resultado positivo, y la ocupación en enfermos Covid en planta es del 19 por ciento y del 35 en la UCI. El documento asimismo recoge otro de los aspectos reclamados por Verónica Casado como es el establecer criterios para los ayuntamientos inferiores a cinco.000 habitantes. En este punto, se apunta que más que establecer niveles de peligro, «se deben adoptar medidas muy adaptadas y dirigidas a las peculiaridades de la situación epidemiológica y de peligro en todos y cada territorio».
De esta forma, se tendrán presente el número, la tendencia y la velocidad de cambio de los casos diagnosticados en los últimos siete y 14 días; la proporción de casos nuevos asociados a brotes; la tasa de ataque secundaria y la existencia de puntos calientes.
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Fuente: ABC.es

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