Más de dos.700 personas se han dirigido ya al letrado que ha denunciado a Pedro Sánchez por prevaricación por autorizar, a pesar de la crisis del coronavirus, hasta 45 marchas feministas el ocho-M para trasladarle su pretensión de sumarse a la demanda, sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo (TS), frente al que está aforado el presidente del Gobierno.Así lo ha asegurado a LA RAZÓN el letrado Víctor Valladares, quien responsabiliza al jefe del Ejecutivo de haber tolerado la concentración pese al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que, 6 días ya antes, recomendó la cancelación de concentraciones masivas salvo en casos inusuales. En su demanda recuerda que el organismo comunitario advirtió entonces de que la cancelación de actos tumultuarios ya antes del pico de epidemias o bien pandemias “puede reducir la transmisión del virus”.La demanda se amplía asimismo a los diferentes encargados del Gobierno que “bajo el auspicio” del presidente del Gobierno, autorizaron la celebración de “manifestaciones que reunieron a centenares de miles de personas, existiendo ya en España en esa data, conforme datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 580 inficionados por el Covid-19”. Exactamente el sindicato Manos Limpias asimismo ha denunciado por estos hechos al encargado del Gobierno en la capital de España.“El resultado de las convocatorias de estas manifestaciones y su aprobación directamente por las Delegaciones de Gobierno y por la inacción del Gobierno central encabezado por el denunciado Sánchez, no pudo ser más antagónico a lo que la Unión Europea señaló en el informe”, asegura el letrado. “¿Por qué razón no se emitió una orden que evitara cualquiera género de acontecimientos multitudinarios, tal como los mentados o bien el festejado por el partido Vox en el palacio de los deportes de Vistalegre de la capital de España?”, se pregunta en su demanda.Y hace hincapié, en sustento de su iniciativa, en que conforme el Ministerio de Sanidad en España había oficialmente 114 contagiados cuando se emitió el informe del organismo europeo, declarada ya la pandemia, al paso que el día pasado 14, cuando se dictaminó el estado de alarma, esa cantidad se había multiplicado por 55, alcanzando los seis.319 infectados. Unos datos que contrasta con lo sucedido en Italia, donde “ya habían adoptado las medidas de confinamiento y de eludir asambleas tumultuosas” siguiendo las indicaciones del informe. Con respecto al país trasalpino, agrega, el rimo de inficionados fue “45 veces superior”.El denunciante atribuye a Sánchez un delito de prevaricación administrativa por omisión, “al no dictar de modo arbitrario y a propósito de su injusticia un real decreto que impidiese la celebración de manifestaciones tumultuosas para eludir la propagación del Covid-19”, o bien por comisión como colaborador preciso, por cuanto a su modo de ver habría “auspiciado” la resolución de los encargados del Gobierno, a quienes asimismo imputa este último delito, de autorizar esas concentraciones “poniendo en riesgo la salud y vida del conjunto de la ciudadanía”. El Código Penal no contempla la prevaricación por omisión, mas el letrado esgrime “la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sí la admite”.»Desde el sábado han contactado conmigo mediante Linkedin en torno a dos.700 personas que se quieren adherir a la demanda. Estamos proponiéndonos formar una asociación», asegura Valladares, quien recuerda que procuró registrarla en el Tribunal Supremo el día pasado 19 mas le resultó imposible por el hecho de que el registro estaba cerrado. «Debí presentarla en el juzgado de guarda de Plaza de Castilla -explica-, donde me pusieron por fallo el sello de entrada con data 25 de enero de 2020. Imagina el jaleo que había allá». Para Valladares, el comportamiento de Sánchez es negligente y puede conllevar, además de esto, consecuencias penales, con lo que en su escrito -que el juzgado de guarda va a deber remitir al Supremo a fin de que se pronuncie sobre su admisión a trámite- solicita la declaración tanto de Sánchez como del resto de denunciados y que se incorpore al procedimiento el informe íntegro del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

“Se inhibió de su responsabilidad”

El artículo 404 del Código Penal castiga “a la autoridad o bien funcionario público que, a propósito de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un tema administrativo” con la pena de 9 a 15 años de inhabilitación singular para empleo o bien cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.En cuanto a la posible actuación omisiva del presidente del Gobierno, el denunciante sostiene que Sánchez “debió a través de real decreto, tras la asamblea con su Consejo de Ministros, a similitud de los dictados con posterioridad al ocho-M, prohibir, siguiendo los dictados de la Unión Europea, cualquier género de asamblea tumultuosa o bien manifestación”. Al no hacerlo, arguye, se “inhibió” de su responsabilidad como jefe de Gobierno “permitiendo la celebración de las manifestaciones ya antes mentadas, plegándose a cualquier género de interés que este suscribiente desconoce”.Y defiende que el Alto Tribunal estima que la prevaricación, como delito de infracción de un deber, “queda consumado en la doble modalidad de acción o bien omisión con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del factor de la legalidad, transformando su comportamiento en expresión de su libre voluntad, y en consecuencia en arbitrariedad”.El letrado protege su actuación en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes “por razón de sus cargos, profesiones o bien oficios tuvieren nueva de algún delito público, van a estar obligados a denunciarlo inmediatamente” al Ministerio Fiscal o bien frente al tribunal eficiente o bien los juzgados de instrucción» si se trata de un delito “flagrante”.

Fuente: larazon.es

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