La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre 3 años y 3 meses de prisión que impuso el Tribunal Militar Central a 3 mandos –2 con rango de teniente coronel y uno de teniente– y a un empresario por adjudicar contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) a cambio de comisiones en lo que forma un delito contra el patrimonio militar.
La sentencia, de la que ha sido comunicante el juez Javier Juliani, considera demostrado que entre finales de 2008 y principios de 2009, el Teniente Coronel F. N. C. y el Teniente G. C., entonces Subteniente, con aprovechamiento de su situación relativa en la contratación de la IGESAN, inventaron un sistema para cobrar comisiones en las adjudicaciones.

El plan consistía, por un lado, en entregar contratos de forma directa a mercantiles propiedad del empresario O bien.L.G. en vez de emplear el preceptivo sistema de publicidad y concurrencia múltiple, y lo hacían fraccionando el objeto del contrato o bien usando la contratación verbal, modalidad limitada a situaciones de urgencia.
En otros casos, conforme la sentencia, se aplicó procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada a empresas de O bien.L.G. y cuando no podían evitarlo, daban una puntuación excesiva a cuestiones técnicas teóricas que sabían que no se llegarían a ejecutar, y informaban al empresario a fin de que las incluyera en sus ofertas.
Después, repartían beneficios. La sentencia da por suficientemente demostrado que el teniente coronel F.N.C. inventó el sistema “calculando los contratos con un beneficio a favor del empresario, excesivo con relación a el que era normal en el tráfico económico equivalente, del que se entregaba la mitad por O bien.L.G., en ciertas ocasiones al teniente M.A.G. y en otras al teniente coronel F.N.C”.

El fallo estima parcialmente el recurso de casación que había interpuesto uno de ellos, el teniente coronel A.G.G., a quien el Tribunal Militar Central había condenado a 6 meses por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el campo castrense.
La Sala rebaja su pena en un mes pues no ve probado uno de los hechos que se le imputan, aunque no reduce en mayor medida la condena atendiendo a su empleo militar y a su condición de interventor de la IGESAN, como explica la sentencia, de la que ha sido comunicante el juez Javier Juliani.

Un voto particular solicitaba desechar todos y cada uno de los recursos

El tribunal desestima los recursos planteados por el teniente coronel F. N. C., condenado a 3 años de prisión por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el campo militar; el teniente M.A.G., sentenciado a un par de años por exactamente el mismo delito y el empresario O bien.L.G, a quien se impusieron 3 meses de cárcel por cohecho.
La sentencia incluye un voto particular del juez Jacobo Barja de Quiroga López en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría, en tanto que se muestra partidario de desechar asimismo el recurso del teniente coronel del Ejército de Tierra A.G.G. pues comprende que la generación de una factura falsa de 15.000 euros por limpieza del garaje del Centro de salud “Gómez Ulla”, es real y está acreditado.
Por otra parte, el juez mantiene en su voto que la conducta de los recurrentes debió examinarse a la luz del Código Penal donde, aparte de las conductas omisivas a través de la comisión por omisión, se poseen delitos como el cohecho, prevaricación, las maquinaciones para trastocar el coste en los concursos, la malversación, los fraudes, el blanqueo de capitales, etc.

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