El epílogo de la sentencia del caso 1-O bien ha comenzado a escribirse. Va a consistir en la presentación de incidentes de nulidad, para cuestionar el fallo y que el Tribunal Supremo (TS) deba dictar otro, en el que corrija supuestos fallos. Quien abrirá esta vía va a ser la exconsellera de Treball Dolors Bassa, condenada 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación. Su reclamación se fundamenta en que el fallo le atribuye haber actuado en la cesión de centros de votación ejercitando competencias que jamás tuvo, en la medida en que titular de la Conselleria de Treball y no del Departament d’Ensenyament.

La tesis de la defensa de Bassa –a cargo del letrado Mariano Bergés– es que la Sala Penal ha realizado una errada valoración de las pruebas aportadas a la vista oral. En las sesiones del juicio y con los documentos unidos a la causa habría quedado claro que los centros de enseñanza dependían de la Conselleria dirigida por Clara Ponsatí, titular d’Ensenyament. En cambio, el fallo del Supremo considera demostrado que fue Bassa quien aseguró la disponibilidad de los centros de educación a fin de que el 1-O funcionaran como locales de votación.

EL ARGUMENTO

La defensa mantuvo que la consellera de Treball no administraba los centros de educación

En la vista la defensa de Bassa sí aceptó que la consellera de Treball dio instrucciones a doce centros civiles dependientes de su departamento a fin de que pudiesen continuar abiertos hasta las seis de la mañana del día de referendo. Las autorizaciones realizadas lo habrían sido para actividades lúdicas, lo que se trató de probar con la aportación de correos sobre las gestiones efectuadas en ese sentido.
La sentencia, por su parte, explica que Bassa “retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad” de los locales en cuestión. La defensa va a exponer que mal podía la consellera de Treball tomar semejantes disposiciones con relación a escuelas y centros de enseñanza sobre los que no tenía atribuciones.

LA POSIBLE RESPUESTA

El Supremo puede querer que se generó un simple fallo material y corregirlo

A lo largo del juicio se discutió mucho sobre la posible existencia del delito de malversación por la cesión de las escuelas como centros de votación. Hubo sobre este tema pruebas periciales opuestas. Unos peritos afirmaron que se habría ocasionado grave daño a las arcas públicas por ese empleo incorrecto, y otros mantuvieron que esta clase de locales no acostumbran a alquilarse, con lo que mal podría calcularse cuánto habría dejado de ingresar la Administración por dedicarlos el 1-O bien a poner las urnas y recoger votos. Llegó a debatirse aun si en el caso de considerarse la existencia de perjuicios, había que calcularlos en virtud de la superficie total de los centros habilitados para las votaciones, o bien solo en función de los metros cuadrados usados para dicho fin.
El discute sobre los centros de educación fue, por consiguiente, pormenorizado. Lo que acrecentó la sorpresa de la defensa al revisar que la sentencia remitía su control a Bassa. Si este hecho fuera corregido por el Supremo, la consecuencia más esencial de la modificación podría ser una revisión de la pena. La conducta delictiva atribuida a Bassa no tendría exactamente la misma relevancia si se la considera al cargo de 12 centros civiles en los que se votó, que si se calcula que autorizó emplear más de 2 mil escuelas para un referendo ilegal. Los 12 años de cárcel que se le han impuesto podrían rebajarse en uno o bien 2 grados, al quedar aminorada su responsabilidad, y situarse en menos de la mitad.

En cualquier caso, en medios de la propia defensa se ve con precaución el curso que pueda continuar el accidente de nulidad que se marcha a proponer. El Supremo podría limitarse a aclarar que Bassa no era, ciertamente, consellera de Ensenyament, y atribuir esa mención a un simple fallo material. Con esta corrección quedaría tácito que la condena se dictó conformemente con una valoración conjunta de las pruebas, sin dar lógicamente que controlara las escuelas. En verdad, la imputación de malversación a Bassa se fundamentó en que contribuyó a los gastos relativos a las papeletas y las notificaciones que repartió la compañía Unipost.

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