La pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de armonizar impuestos autonómicos, en lo que puede suponer que en zonas con baja fiscalidad como la capital de España se pague más, ha levantado un polvorín político que adelanta la batalla de la reforma de la financiación regional. La presidente de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, respondió el día de ayer por la mañana a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció el jueves una reforma tributaria para
«atenuar situaciones de competencia infiel o bien de «dumping» entre comunidades», del que acusó de forma directa a la capital de España. Un «ataque» que Díaz Ayuso tildó de «gravísimo» en un desayuno de Fórum Europa, presentado por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

A la guerra ideológica se ha sumado la diferente encalla de medir del Ejecutivo. La voluntad del Hacienda de limitar la autonomía fiscal de las comunidades de régimen común ha coincidido con el acuerdo con el PNV de ampliar las competencias de País Vasco. «Mientras le darán la Seguridad Social al País Vasco y romperán la igualdad entre todos y cada uno de los españoles, el Gobierno pretende imponer 2 impuestos anacrónicos: Patrimonio y Sucesiones y Donaciones», abrió fuego.

Esto, apuntaba la presidente, «significa que una familia madrileña cuando herede su residencia tendrá que abonar impuestos por esta razón, y se han dado muchas situaciones de ciudadanos que
no han podido heredar por el hecho de que no podían abonar
este impuesto anacrónico». De esta forma, proseguía, «pretenden hacer una subida de impuestos indiscriminada a la capital de España rompiendo su autonomía».

A ello se le suma que el proyecto de armonización de Hacienda solo incluye a las zonas de régimen común, y no a las forales de País Vasco y Navarra, que al poder decidir sobre más impuestos y tener una financiación por habitante superior por los beneficios del cupo y del concierto. Mientras que las comunidades de régimen común tienen, de media, una financiación de dos.082 euros por habitante, las forales reciben prácticamente el doble, tres.978 euros, conforme las últimas balanzas territorializadas del Ministerio de Hacienda.

«Leyenda negra»
En este contexto, Ayuso informó de que harán en frente de esta subida. «Ante un Gobierno de opresión, habrá un Gobierno de la libertad en la Comunidad de la capital de España. Los madrileños trabajan mucho, absolutamente nadie nos obsequia nada, a fin de que nos de ese trato y nos suban los impuestos, y que creen esas desigualdades entre comunidades autónomas y que creen esa «leyenda negra» contra Madrid», señaló.

La líder deseó advertir de que no va a «callarse» dada esta subida fiscal. «Tienen de pie de guerra a las familias, a los ciudadanos, a los empresarios… Es una brutalidad. No se puede permitir que rompan el equilibrio territorial, que nos ahoguen fiscalmente y rompan la autonomía de los ciudadanos», resolvió.

A lo largo del desayuno, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resaltó que «si hay que armonizar, hay que armonizar a la madrileña».

La ministra de Hacienda anunció el jueves que su pretensión era tener para noviembre o bien octubre el «esqueleto» de su propuesta de modelo de financiación autonómica, en el que figurará la armonización de impuestos como Sucesiones y Patrimonio. Montero ya se opuso contundentemente a las bajadas fiscales de la capital de España en su etapa de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Hasta el punto de que, en la precedente Conferencia de Presidentes que convocó Mariano Rajoy en 2017, las comunidades del Partido Socialista que entonces encabezaba la zona que encabezaba Susana Díaz acusaron a la capital de España de «dumping fiscal». Exactamente, Andalucía planteó entonces que el Impuesto de Sucesiones fuera de nuevo estatal y se compensaran con recursos los dos.400 millones que colectan las zonas con el impuesto.

La entonces consejera y ahora ministra apuntó el pasado jueves en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados que su pretensión era convenir el nuevo modelo de financiación autonómica con el Partido Popular. No obstante, hubo múltiples rifirafes con los miembros del Congreso de los Diputados populares y la propia Montero llegó a afear al Gobierno de Rajoy no haber aprobado un nuevo modelo cuando este preveía que se revisase, en 2014, aprovechando la mayor parte absoluta que tenía. Entonces Rajoy no lo hizo esgrimiendo la carencia de recursos de las arcas públicas cuando todavía se salía de la crisis. Todos y cada uno de los modelos de financiación se han saldado con más recursos para las comunidades. La propia Montero calculó hace dos años que el nuevo modelo debía asegurar a las zonas 16.000 millones de euros más por año en recursos.

Guerra política
Todo ello, hace que desde las zonas del Partido Popular se tema que el Partido Socialista apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica sin pacto. Ya lo hizo en 2009, data en la que se aprobó el último marco autonómico. Entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió unos 13.000 millones de euros de mayores recursos mas no acordó la reforma con el Partido Popular, con lo que salió aprobada en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados con un solo voto de ventaja, con 176 apoyos de Partido Socialista, ERC, ICV, Alianza Canaria y Unión del Pueblo Navarro, y con la oposición, entre otros muchos, del Partido Popular, Convergència i Unió y BNG. El entonces miembro del Congreso de los Diputados de Convergència i Unió y ahora presidente de Promuevo del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, apuntó lo siguiente entonces: «A quienes apoyarán esta ley de financiación autonómica les digo que van a cometer un asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña».

El nuevo modelo se aprobará con el acuerdo preciso de una Ley orgánica, puesto que cambia la se altera mudando la Ley de Financiación de Financiación Autonómica (LOFCA). No obstante, es deseable lograr un acuerdo extenso entre las zonas, que se reparten en su mayor parte Partido Socialista (con 7 zonas, Aragón, Castilla-La Mácula, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Baleares) y Partido Popular (con 5, la capital de España, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia). Suenan tambores de guerra.

Fuente: ABC.es

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