El Gobierno ha articulado, como hizo en los comicios de abril, por medio de los órganos eficientes de la Administración del Estado, las «barreras» precisas para eludir que cibertaques de hackivistas o bien conjuntos organizados puedan poner en riesgo el funcionamiento de instalaciones críticas y todo lo relacionado con el proceso electoral del 10-N. Conforme han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del tema (los aspectos esenciales se sostienen en secreto para no dar comodidades a los «enemigos») ya se han producido ciertos ataques, que se han quedado en intentos dado a que las referidas barreras han probado su eficiencia. Uno de los objetivos del movimiento insurreccional (conforme reconocen los que lo fomentan) en Cataluña es el de provocar el caos con efectos que desequilibren a la sociedad. Las citadas instalaciones y, sobre todo, lo que rodea a los comicios, de forma especial el recuento de votos (encargado, como en otras ocasiones, a la compañía INDRA) es un propósito preferente. Resulta complicado advertir quiénes pueden ser los «actores» de los ataques puesto que emplean una serie de barreras. No obstante, sí se sabe que Anonymous Catalunya y Sunami Democratic forman «tamdem» para intentar enturbiar el proceso en la medida de sus posibilidades. Los estudiosos que, por orden de la Audiencia Nacional, tratan de identificar a la persona o bien personas que están tras Sunami se han encontrado con ciertas contrariedades y la carencia de cooperación multinacionales establecidas en América del Norte, como, incomprensiblemente, sucede con relativa frecuencia. La Guarda Civil, tras percibir la orden de la Audiencia Nacional, solicitaron al juez eficiente un mandamiento para pedir a la compañía GitHub (perteneciente a Microsoft) que impidiese a Sunami su funcionamiento. Los estudiosos habían detectado que empleaban esta plataforma para la distribución de su APP. Las diligencias están declaradas segregas, mas la verdad es que Sunami prosigue operando desde el exterior y prosigue alcanzable desde localizaciones fuera de España o bien desde mecanismos parcialmente fáciles de navegación y sobre los que los promotores de Tunami han facilitado instrucciones por medio de sus conjuntos de Telegram. Además de esto, llamó fuertemente la atención que los propios responsables de GitHub hiciesen público detalles del mandamiento judicial, promovido por la Benemérita, lo que sirvió a fin de que se tratase de organizar un «escándalo mediático» con la pantalla de que era un ataque contra la libertad de expresión. Resulta desmoralizador la carencia de sensibilidad de la compañía Microsoft y su filial GitHub con los inconvenientes de defensa de los principios constitucionales en España, arrollados desde un nacionalismo excluyente, cuando no afectan de manera directa a los intereses nacionales del país donde radica su sede social. La solicitud estaba completamente justificada puesto que los promotores de Sunami promocionan estos accesos para descargar la aplicación desde GitHub y en Telegram. Estamos frente a una investigación por delitos muy graves (por este motivo se ha pedido una Comisión Rogatoria Internacional) que han conllevado que una organización haya incitado, promovido y ordenado las acciones de desórdenes públicos más graves y violentos de nuestra democracia en los últimos tiempos, como ha quedado acreditado en las diligencias presentadas por las Fuerzas de Seguridad. Con estos precedentes, los responsables de la seguridad cibernética de España deben actuar con la peor de las hipótesis, puesto que la voluntad de provocar el caos y, si pudiesen, producir black out parciales en ciertas zonas, para dejarlas completamente incomunicadas y sin los servicios esenciales, no cristaliza merced a las barreras que pone el Estado. Los que han desarrollado el dispositivo de defensa de ciberataques a lo largo del proceso del 10-N son siendo conscientes de que es un propósito «tentador» para quienes emplean el ciberespacio con fines ilegales de diferente tipo. El Ministerio del Interior, que es el responsable de que el proceso electoral se desarrolle sin disfunciones, ha reforzado las alarmas que de forma tradicional sostiene. El responsable de este cometido es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) y la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), los dos encuadrados en la Segregaría de Estado de Seguridad. El Estado dispone de complejos sistemas de seguridad, a través de «barreras», «cortafuegos», etc., cuyo funcionamiento, para sostener su operatividad, continúan en secreto. Acción coordinada España, conforme los especialistas, se halla lista para hacer en frente de este género de ataques, no solo por la acción del referido Centro, sino más bien por el concurso de otros esenciales actores de la Ciberseguridad nacional, como son el Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI-CCN) o bien del Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE), en los dos casos por medio de sus centros de contestación a incidentes de seguridad informática o bien CERTs (CCN-CERT y CERT_SI respectivamente), sin olvidar en la medida que fuera preciso al Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y su ESP DEF CERT. Todos ellos bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

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