La vocalista Shakira compareció frente al juez que la estudia por haber defraudado presuntamente a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y aseguró que empezó a radicar en España desde 2015 y que hoy día no tiene ninguna deuda con la Hacienda pública. No obstante, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven “inevitable” que se alcance un pacto entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Shakira, por el que la artista colombiana sería condenada a 24 meses de prisión y evitaría entrar en cárcel (si no comete cualquier otro delito en ese periodo) al substituir 2 de las penas del Impuesto sobre el Patrimonio 2013 y 2014 por multas. En este sentido, se rebajarían las sanciones en prácticamente 20 millones, hasta un total de 27 millones de euros. Gestha se ha mostrado muy crítica con las “ventajas” de estos pactos, con lo que “pedirá a la Segregaría de Estado de Hacienda que dé instrucciones precisas a la Abogacía del Estado a fin de que la oferta de negociación con la rebaja de 2 grados de las penas de cárcel en el ambiente de los 24 meses incluya el esclarecimiento total de los hechos y de la participación de los cooperadores en la evasión tributaria, y se fijen unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo, aparte del pago de las cuotas defraudadas denunciadas”. Los técnicos de Hacienda estiman que la reducción máxima de las multas no debería superar los 20 millones de euros para moverse por lo menos en el importe de lo que serían las sanciones mínimas del 65,6% por las infracciones tributarias muy graves y del 39,4% por la infracción tributaria grave de Patrimonio. Conforme un comunicado de Gestha, los aconsejes de la vocalista alcanzaron 3 pactos en 2008, 2012 y 2013 con las autoridades fiscales de Luxemburgo, que generaron una tributación fiscal del dos% de la renta bárbara generada y dejaron que el 94% de las rentas fuesen transferidas a sociedades o bien cuentas ubicadas en paraísos fiscales. El sindicato planteará al nuevo Gobierno alterar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los presentes 4 años hasta los 10 años, para compararla a la prescripción de los delitos fiscales agravados, “de forma que la Hacienda pueda perseguir las evasiones más complejas y complejas”. Del mismo modo, planteará una modificación del Código Penal para “unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o bien 120.000 euros en los delitos agravados, substituir la rebaja de grados por mitigantes para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa en el plazo actual de un par de meses desde la notificación de la investigación judicial, como precisar los requisitos para la demanda de la responsabilidad civil y penal de la cooperación de aconsejes y entidades en la comisión de estos delitos”. Conforme el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “las ventajas de los supuestos criminales fiscales en el proceso es una de las causas del caiga de prácticamente el 78% de las demandas de delito fiscal por la Hacienda y del 64% de las cuotas defraudadas desde 2011, si bien deben despejarse otros obstáculos, como la carencia de atribución de competencias a los técnicos de Hacienda y unos objetivos poco ambiciosos de lucha contra el fraude”.

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