1,5 millones de hipotecados podrían reclamar hasta 40.000 millones a la banca



La banca y los españoles con una hipoteca con el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) sobre sus hombros aguardan con ansiedad una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que puede valer a las entidades de finanzas más de 40.000 millones de euros –según cifras barajadas por Goldman Sachs para el peor de los escenarios. Otras fuentes, como Asufin, cifra el fracaso en 25.000 millones; la CNMV reduce la exposición a 17.000 millones y Morgan Stanley lo minimiza a apenas tres.000 millones bajo el panorama más positivo– y poner bajo riesgo los cómputos de sus cuentas a fin de año. Tras los golpazos sufridos con el impuesto de actos jurídicos documentados –que ahora deben aceptar los bancos– y con la eliminación de las cláusulas suelo –que en la mayor parte de los casos denunciados tienen la obligación de devolver–, ahora puede llegarles otra mala nueva por las hipotecas con IRPH. El TJUE va a decidir en los próximos días si ese índice –el segundo de referencia más utilizado en las hipotecas en España tras el euríbor– queda exento de cualquier género de control de trasparencia, como ya afirmó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017. Si fuera de esta manera, los bancos estarían expuestos a centenares de miles de reclamaciones, cuyo importe podría ser abonado con carácter retroactivo. Por esta razón, la futura sentencia de la Justicia europea podría afectar a la rentabilidad de los bancos afectados si por último declara nulas las cláusulas que incluyen este índice. Ya lo advirtieron el mes pasado de julio en un informe la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), que recordaba que España debe devolver aún el 75% de los 41.300 millones del rescate. «Aunque los costos vinculados con pleitos sobre deuda preferente o bien acciones ya están pagados o bien provisionados, pueden surgir peligros potenciales en costos administrativos o bien índices de interés aplicados –como lo es el IRPH– y, en dependencia de futuras resoluciones judiciales, podrían afectar a la rentabilidad de ciertos bancos», reza el texto de las instituciones europeas. El documento asimismo destaca que la nueva ley hipotecaria de España, que entró en vigor a mediados de junio y que incluye cláusulas para acrecentar la transparencia y aumenta el número de meses de impago antes que se ejecute un crédito, podría encarecer de forma indirecta los costos de la financiación hipotecaria. Específicamente, el texto apunta que la aplicación de la últimamente aprobada legislación hipotecaria «puede tener efectos mixtos» en el crédito del mercado hipotecario. De esta manera, apunta que la normativa armoniza ciertas cláusulas de los contratos hipotecarios, lo que acarrea un aumento de la trasparencia, y define que la extensión de los plazos de ejecución hipotecaria «podría resultar en un aumento indirecto de los costos de la financiación hipotecaria». Serían cerca de uno con cinco millones las hipotecas a las que podría afectar la sentencia del TJUE y podrían demandar la desaparición del índice y la devolución de las cantidades pagadas de más respecto al euríbor con carácter retroactivo. El montante a devolver va a depender de la retroactividad que marquen los jueces, el número de demandas y del porcentaje reclamado. El IRPH pasó a ser uno de los índices más utilizados cuando la volatibidad del euríbor vivió su instante más culminante, en 2007, inmediatamente antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. El Gobierno de Mariano Rajoy derogó en 2013 el viejo IRPH-Cajas y cambió la configuración del procedimiento de cálculo del IRPH-Entidades. Este índice se cuantifica con la media de todos las clases de interés de los préstamos hipotecarios del campo financiero. Por esta razón, el IRPH –ahora mismo en el en el 1,84%– siempre y en todo momento va a ser más elevado que el euríbor–que alcanzó en el mes de agosto el 0,356%–. Las conclusiones del letrado general del TJUE están previstas para el próximo 10 de septiembre, mas no van a ser vinculantes y para conocer el fallo terminante va a haber que aguardar a la sentencia que va a llegar, presumiblemente, ya antes de fin de año. Este tribunal ya rechazó el mes pasado de julio el mantenimiento parcial de una cláusula de vencimiento adelantado, declarada exagerada, eliminando los elementos conflictivos. Los jueces se pronunciaron sobre las cuestiones prejudiciales, planteadas por un juzgado de Fuenlabrada (la capital española) y otro de Santander por sus dudas sobre las cláusulas de vencimiento adelantado de un préstamo en el caso de impago de una sola cuota de amortización o bien intereses. El tribunal apuntó que las cláusulas discutidas deben considerarse abusivas porque permiten a la entidad de finanzas declarar el vencimiento adelantado del contrato y demandar la devolución del préstamo en el caso de que el deudor deje de abonar una cuota mensual. La normativa europea deja que el juez nacional elimine la cláusula exagerada sustituyéndola por una predisposición de derecho nacional en los casos en que la declaración de nulidad de la cláusula fuerce al juez a cancelar todo el contrato, lo que expondría al consumidor a consecuencias en especial perjudiciales. En el caso de un contrato de préstamo, la cancelación tendría de entrada el efecto de hacer de forma inmediata exigible el pago del importe de lo pendiente de devolución, en una cuantía que puede sobrepasar la capacidad económica del consumidor. La Fiscalía acusa a la ex- bóveda de Bankia de ejecutar un plan para esconder a los auditores el deterioro financiero La Fiscalía Anticorrupción aseguró el día de ayer que en el conjunto BFA-Bankia hubo una estrategia interna para obstruir la tarea del auditor externo y que no afloraran ciertos deterioros en las cuentas del ejercicio 2011. La fiscal Carmen Launa siguió exponiendo los motivos por los cuales ha añadido a su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia el delito de falsedad contable, centrándose el día de ayer en las cuentas del ejercicio 2011 elaboradas en el mes de marzo de 2012 y que fueron objeto de reformulación un par de meses después. Launa defendió que la perturbación de las cuentas de 2011 se fundamentó en un «concierto» entre el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su número 2, Francisco Verdú, y las áreas de intervención y supervisión del conjunto, que orquestaron «una carrera de obstáculos» para «evitar el afloramiento de deterioros». El Ministerio Público acusó de forma directa al interventor del banco, Sergio Durá, y al exresponsable de auditoría interna Miguel Ángel Soria, de intentar «evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los estados financieros».

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